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Operaciones 25 de Ago de 2021 EN BR

39 años después del derrocamiento de la dictadura nicaragüense por la Revolución Sandinista, el país que antes veneraba a Daniel Ortega como un héroe sufre ahora su dura transformación en tirano: el presidente es acusado por la población de autócrata.

José Daniel Ortega Saavedra, ahora con 75 años de edad y en su tercer mandato consecutivo, es comparado con los Somozas, una dinastía de dictadores que él ayudó a derrocar cuando era revolucionario. La comparación es válida, porque desde el inicio de la protesta, en mayo de 2018, han sido asesinados más de 300 manifestantes y, por cada nuevo candidato opositor presentado, se decreta su destitución o encarcelamiento.

En 2003 firmó un pacto con el ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán (1997-2000) para repartirse los poderes del Estado, y hoy Ortega lo controla todo, incluida la Asamblea Nacional (el equivalente a la Cámara de Diputados o cualquier órgano legislativo en cualquier país como el congreso), la policía y el ejército. Tras este marco, utilizando el discurso de devolver el poder al pueblo, Ortega creó el "Consejo del Poder Ciudadano", que en realidad actúa como un servicio de inteligencia interno de su régimen.

Adicional a lo anterior, nombró a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.

La corrupción y el control impuestos por la administración dictatorial de Ortega movieron decenas de miles de millones de dólares. ALBANISA es un ejemplo: formada por un 51% de capital venezolano y un 49% nicaragüense, la premisa de la cooperación no era el desarrollo del país ni la eficiencia económica, ¡sino la política! Mientras Ortega se mantuviera en el poder, el control de la corrupción sería total, "privatizando" unos 3.860 millones de dólares en dinero del petróleo.

Aun con todo el dinero movido por Ortega y sus "socios", Nicaragua es uno de los países más pobres de Centroamérica, sufre hambre, falta de saneamiento básico y desde 2009 ha visto cambios en sus constituyentes para promover el ascenso de un tirano en el poder. La protesta de 2018 comenzó tras una reforma de la seguridad social que aumentó las cotizaciones y redujo las pensiones. Hubo una unión entre grupos sociales: estudiantes, indígenas y desempleados salieron a la calle y la respuesta de Ortega al levantamiento fue la fuerza bruta y la violencia. Ortega convocó la actuación de las "turbas", grupos de policías y paramilitares que obtuvieron el visto bueno para reprimir las protestas con armas letales. Y en 2019 introdujo medidas de represión contra la prensa independiente, enviando al exilio a unos 80 periodistas.

El presidente, junto con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, han estado socavando la democracia nicaragüense durante años, según los críticos y los grupos de derechos humanos. Centralizaron el poder ejecutivo, seguido del debilitamiento de sus instituciones democráticas. Personas leales a Ortega y al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fueron elegidas para presidir el Tribunal Supremo Federal, el Ministerio Público e incluso el Consejo Supremo Electoral.

Al menos 29 líderes de la oposición han sido detenidos y acusados de vagas violaciones de la llamada "seguridad nacional", lo que, según los grupos de derechos humanos, es una clara señal de que el fuerte líder del país está haciendo todo lo posible para eliminar a las disidencias y aplastar cualquier competencia de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, una votación en la que espera asegurarse su cuarto mandato consecutivo como presidente.

Cuatro de las figuras de la oposición detenidas son candidatos presidenciales, acusados de delitos que probablemente los inhabiliten para presentarse contra Ortega. Con la excusa de una falsa democracia, Ortega sigue jugando con su país, creando leyes autoritarias, deteniendo a la oposición y cazando derechos populares. Hay que luchar contra todo autoritarismo.

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