El mes pasado nos enteramos a través de los medios de comunicación sociales de las acciones del gobierno colombiano contra los manifestantes, que sólo exigen sus derechos, es decir, quieren ser escuchados. Colombia, como muchos otros países, tiene en su Constitución la garantía de respetar los derechos humanos, pero desde el inicio de las manifestaciones en Cali, han surgido algunas dudas sobre la actuación de la fuerza pública. Por incrédulo que parezca, el gobierno central y regional no tienen ninguna intención de frenar el aumento de la violencia, permaneciendo indiferentes ante los heridos y muertos durante los conflictos.

Cabe mencionar que no hubo consenso para permitir el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la continua violación de los derechos humanos en el marco de las manifestaciones sociales.

Es preocupante observar la impunidad a plena luz del día, cobrando la vida tanto de manifestantes como de miembros infiltrados de las fuerzas de seguridad asesinados por órdenes absurdas del Estado.

Las absurdas órdenes dadas por el Estado fomentan los asesinatos a plena luz del día, costando la vida tanto a los manifestantes como a los miembros de la policía que se infiltran en las manifestaciones para provocar conflictos, terminando muertos. Estas acciones realizadas por el Estado demuestran el desconocimiento de las directrices propuestas por los derechos humanos. Por lo tanto, debemos analizar cuáles son las principales cuestiones que hacen que la situación sea aún más perjudicial para la población.

Pueblo contra pueblo

Cali, epicentro del movimiento social del paro nacional en el 28 de abril, inició la manifestación social en escenarios pacíficos, teniendo en cuenta la realidad de la pandemia -cuando el 90% de las camas de los hospitales estaban ocupadas-. Las marchas estaban compuestas, en su mayoría, por estudiantes de universidades públicas, como la Universidad del Valle y la Universidad Nacional de Colombia. Los conflictos generados requirieron incluso de la creatividad de los manifestantes para manifestarse, ya que las órdenes del Estado los obligaron a hacerlo.

En un mensaje de Twitter, Álvaro Uribe Vélez ordenó la ejecución extrajudicial de civiles que protestaron pacíficamente. Esto ocurrió después de una movilización en la que se pretendía borrar la cuenta de Twitter del ex presidente.

Algunos videos difundidos en las redes sociales resaltan la gravedad del asunto, debido a la mala actuación de la policía a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios (conocido en Colombia como ESMAD) y el Grupo de Operaciones Especiales (conocido como GOES), ambos regulados por el Ministerio de Defensa Nacional, comandado por Diego Molano Aponte -quien guarda silencio sobre el asunto desde el inicio de las manifestaciones nacionales.

Como consecuencia de los hechos citados anteriormente, los abusos se incrementaron hasta el punto de utilizar a VENOM, un lanzagranadas que se utiliza para la dispersión en caso de disturbios menores. Sin embargo, hay informes que demuestran que el objeto fue utilizado para herir y asesinar a los manifestantes.

También hay una gran influencia de grupos paramilitares compuestos por civiles, militares y policías con ideologías fascistas y con la legitimidad de silenciar la vida de los manifestantes.

Un caso muy conocido es el de Andrés Escobar, residente en el exclusivo sector de "Ciudad Jardín", que utilizó la protección de su propiedad como justificación para iniciar una lucha armada contra los manifestantes; las autoridades no asumieron la responsabilidad por las acciones de Andrés, y así, continúa con su conducta criminal que socava el bloque de constitucionalidad colombiano.

Los llamados vándalos, fueron estigmatizados como los culpables de los daños materiales en la ciudad. Sin embargo, algunas pruebas indican que las autoridades policiales están detrás de estas acciones. También se registraron muchos asesinatos en directo.

Otro caso conocido es el del funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación, Fredy Bermudez Ortiz, vinculado a la Fiscalía, quien fue linchado en el sector de la Luna, en Cali, luego de sacar un arma y asesinar a dos civiles en los puntos de resistencia de Cali. La población enfurecida lo linchó y su muerte fue vista y grabada en vivo.

En este punto, podemos ver que los grandes empresarios y gobernantes no están interesados en honrar la memoria de los muertos, independientemente del bando en el que se encuentren, incluso el Fiscal General Francisco Barbosa, sin lamentar la muerte de su oficial, ejerce una alarmante pasividad ante esta disociación con referencia a los hechos. Él mismo confirmó que su agente no estaba de servicio y no tenía autorización para abrir fuego sobre los manifestantes. Sin embargo, entre sus pertenencias se encontraron valiosos documentos por lo sensible de la información, muchos de ellos confirmando su formación militar y su salvoconducto en su arma de dotación.

En Calipso, situado al este de Cali, el grupo de supermercados Éxito prestó sus instalaciones para la detención de los manifestantes, donde se produjeron asesinatos y masacres en su interior. Los observadores de derechos humanos encontraron manchas de sangre, paredes ensangrentadas y cartuchos de escopeta pertenecientes a la SIPOL y a la DIJIN, organismos de inteligencia vinculados a la Policía Nacional.

En el sur de Bogotá, el 29 de mayo, se encontró una cabeza decapitada, probablemente de una mujer, fue encontrada en una bolsa transparente en un basurero de la escuela Alfonso López Pumarejo. La población local estaba preocupada y asustada con los lamentables sucesos atribuidos al militarismo de Paramilitares.

Así, el pueblo se enfrenta cada noche, la policía y los militares son esbirros que prestan un servicio de seguridad privada. Álvaro Uribe Vélez tiene en su finca una tierra fértil, una fuerza de más de 310 Uniformados (grupos especiales de defensa táctica) distribuidos en las 123.000 hectáreas que le pertenecen. Los mandos de las Fuerzas Especiales determinan sus estrategias de seguridad, incluso afirman que estos miembros son entrenados con métodos bastante fuertes que se acercan al fascismo. Este entrenamiento se implementa en la Escuela Superior de Guerra - ESDEGUE y en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova - ESMIC, en la división curricular de Doctrina Militar. Los actos realizados tienen una justificación: sembrar el terror para hacer legales las ejecuciones extrajudiciales.

También hay células de inteligencia y contrainteligencia que reclutan adeptos neonazis para formar grupos paramilitares, incluso la Tercera Brigada del Ejército Nacional - BR3 facilitó la entrega de armas a ciudadanos con poderosas influencias y más de 7.000 efectivos que sirven a la seguridad en condominios, carreteras y corredores humanitarios para "proteger" intereses legítimos. Muchos de ellos no tienen ni siquiera veinte años y entran en estos grupos sin saber absolutamente cuál es el objetivo de esta guerra civil.